En Puerto Rico

Recomendado un plebiscito para 2006

Viernes, 23 de diciembre de 2005

Por José A. Delgado
end.jdelgado@elnuevodia.com

WASHINGTON – La Casa Blanca recomendó ayer al Congreso que regule en 2006 un plebiscito que le permita a los puertorriqueños decidir si quiere cambiar su relación política con Estados Unidos, para entonces encaminar a Puerto Rico hacia la estadidad o la independencia.

Esa es la principal recomendación de un “infome de progreso” sobre las alternativas de status para Puerto Rico que un grupo interagencial le rindió ayer al presidente George W. Bush y a los líderes principales del Congreso federal.

En el informe, cuya redacción le tomó al “task force” dos años y ocupó menos de 10 páginas, se reafirma como política pública del Ejecutivo federal que el llamado Estado Libre Asociado (ELA) es una alternativa de status transitoria, subordinada al Congreso que no puede considerarse como un acuerdo de “consentimiento mutuo” entre Estados Unidos y la Isla.

En ese aspecto, reafirman, como se esperaba, posiciones asumidas por los gobiernos de George Bush, padre, y Bill Clinton, que han sido fuertemente disputadas por el Partido Popular Democrático (PPD) y que dieron nacimiento al controvertido proyecto Young de la década pasada.

Para Kevin Marshall, copresidente del grupo interagencial y representante del Departamento de Justicia, el objetivo legal principal del documento es aclarar que no es posible crear alguna forma de ELA que requiera consentimiento de Puerto Rico para poder ser alterado. “La Constitución (de Estados Unidos) no lo permite”, indicó.

Bajo el ELA, “el Congreso puede legislar directamente sobre asuntos locales o decidir por ley la estructura de gobierno, como lo hace con Guam o las Islas Vírgenes de Estados Unidos”, agrega el informe, que principalmente fue redactado por Marshall y el otro copresidente del “task force”, Rubén Barrales, director de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca.

Más aún, el informe –en una redacción que levantó ayer nuevas ampollas en el Ejecutivo de Puerto Rico- advierte que el poder soberano de Estados Unidos sobre la Isla puede ejercerse a tal punto que pudiera otorgarle la independencia por decreto a la Isla o “cederlo” a otra nación.

El informe adopta como apéndices un memorando del presidente George Bush, padre, publicado en noviembre de 1992, en el que se pide tratar a Puerto Rico como un estado federado.

También reconoce memorandos de Justicia federal bajo la administración Clinton. Uno de 1994, sobre Guam -cuyo contenido divulgó recientemente El Nuevo Día-, describe las posturas asumidas por Estados Unidos en torno al alcance de su relación jurídica con Puerto Rico y otro de enero de 2001 que reafirma que la Isla está subordinada a los poderes plenarios del Congreso federal.

Para Barrales, pese a que los puertorriqueños puedan optar por mantener el status “territorial” actual, el Congreso debe buscar la forma de terminar el debate y promover una forma de gobierno “permanente”.

“Si inicialmente ellos (los puertorriqueños) votan a favor de retener el actual status -lo que pueden hacer-, y quieren mantener el territorio de forma indefinida… periódicamente el Congreso puede proveer votaciones para medir la voluntad del pueblo cada cierto tiempo”, indicó Barrales, en una conferencia telefónica.

Con respecto a la estadidad, el informe sostiene que el Congreso puede imponerle condiciones a Puerto Rico para ser admitido como un estado, aunque éstas pueden ser revertidas por la Isla una vez anexado totalmente. Legisladores del PPD hubiesen querido que este informe discutiera asuntos como la “supermayoría”, el idioma y la representación olímpica internacional en un Puerto Rico estado 51. Pero, no hay un debate sobre esos temas.

El informe, no obstante, reconoce que un status de territorio incorporado es una posibilidad en camino hacia la estadidad. Bajo ese status, Estados Unidos puede reclamar a los residentes de la Isla el pago de contribuciones federales antes de Puerto Rico tener los plenos derechos de la estadidad. Pero, los representantes del Gobierno de Bush indican que pudiera haber “un período de transición” que ayude a “minimizar desajustes económicos”.

Si Puerto Rico decidiera optar por su independencia, el grupo interagencial señaló que los que decidan reclamar la ciudadanía puertorriqueña y los que tienen ciudadanía estadounidense estatutaria –es decir los nacidos en la Isla- se pueden exponer a perder la ciudadanía estadounidense, a menos que otra cosa se acuerde por tratado o legislación.

La libre asociación –descrita en inglés como “free associated state” – es reconocida en el documento como una alternativa si Puerto Rico quiere su independencia de Estados Unidos. Pero, considera que hay dudas de si es práctico pensar en ese tipo de estatuto político, que tienen pequeñas islas del Pacífico, cuando se analiza el futuro de un país de 4 millones de habitantes.

“Entre las opciones constitucionales disponibles, el status de libre asociación puede ser lo más cercano a proveer una relación entre Puerto Rico y Estados Unidos más parecida a lo que defienden los defensores del ‘nuevo ELA’ ”, agrega el informe, que aunque habría sido aprobado hace casi una semana, generó más discusiones en los últimos días, incluso dentro del Departamento de Estado.

Técnicamente las recomendaciones del informe son de la autoría de los miembros del grupo interagencial de trabajo, pero por ser publicadas y referidas al Congreso han tenido que obtener el visto bueno al más alto nivel de la Casa Blanca. Barrales, además, es el encargado de los asuntos de Puerto Rico en la Casa Blanca.

De todas formas, pocas veces la Casa Blanca propone legislación específica, pues ese tipo de iniciativas suele quedar en manos de sus aliados del Congreso o departamentos del Ejecutivo. El informe se divulgó en momentos en que el Congreso, y Bush, iniciaban sus vacaciones de Navidad.

posted by José Javier Pérez M.S. E.M @ 8:24 a. m.