Presiona a la ONU Reporteros Sin Fronteras
Martes, 15 de marzo de 2005Ginebra (EFE) - La organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras (RSF) colocó ayer en las calles de Ginebra carteles que representan la silueta de cada uno de los 70 periodistas encarcelados en el mundo.
La ONG ha colocado esos carteles en la ciudad coincidiendo con la apertura del período de sesiones número 61 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que se prolongará hasta el 22 de abril, y a la que han pedido que reaccione ante esos hechos.
“La Comisión sigue desacreditándose. Nadie serio podría decir que ha hecho su trabajo correctamente y que contribuye realmente a mejorar la situación de los derechos humanos en el mundo”, dijo RSR mediante un comunicado de prensa.
La asociación denunció que hay 70 periodistas y 62 “ciberdisidentes” encarcelados de países que este año integran esa Comisión de Naciones Unidas, y pidió a los Estados democráticos que exijan su inmediata liberación.
La organización defensora de los derechos de los periodistas indicó que hay 27 de estos profesionales encarcelados en China, otros 21 en Cuba, 13 en Eritrea y 9 en Nepal, y que ésos son los países que encarcelan a más periodistas en todo el mundo.
Esos países son, además, miembros de esta 61 Comisión de los Derechos Humanos, integrada por 53 de los 191 países que pertenecen al sistema de Naciones Unidas.
RSF agregó que la ONU debe reformar “con inmediatez y en profundidad los mecanismos de funcionamiento de esta Comisión”.
“Es inadmisible que los países más represivos del mundo sean miembros de una instancia en la que una de las misiones principales es precisamente condenar las violaciones de los derechos humanos”, afirmó la organización.
Funesto el 2004 para los periodistas
Martes, 15 de marzo de 2005Por The Associated PressWASHINGTON - Cincuenta y seis periodistas murieron en todo el mundo mientras cubrían información en el 2004, el año más funesto en una década, informó ayer el Comité para la Protección de Periodistas.
De los 56, dijo el comité, 36 fueron objeto de asesinatos, continuando una larga tendencia en informes pasados.
“La mayoría de ellos fueron asesinados”, dijo Ann Cooper, directora ejecutiva del comité, en una entrevista por Radio AP. “Se trata de periodistas locales, como los ocho asesinados en Filipinas, perseguidos y asesinados”.
El informe también denuncia que 23 periodistas fueron detenidos en Cuba.
La profesión se ha vuelto más peligrosa en otras formas también: el informe denuncia violaciones a la libertad de prensa en Rusia y en todas las ex repúblicas soviéticas con excepción de los tres estados bálticos, y 122 periodistas -42 de ellos en China- fueron arrestados por sus informaciones. Un periodista fue encarcelado en Estados Unidos por proteger su fuente informativa.
Además de China, en Cuba fueron detenidos 23 periodistas, 17 en Eritrea y 11 en Mianmar. Estos suman tres cuartas partes de los 122 periodistas detenidos.
El informe del grupo de defensa ha sido titulado “Ataques a la Prensa en el 2004”.
Muchos de los periodistas encarcelados fueron acusados de delitos indefinidos “contra el estado”, tales como la sedición, subversión y por trabajar contra los intereses del estado.
La muerte de 56 periodistas en el 2004 es el mayor número desde que 66 murieron en 1994. Muchas de las muertes ocurrieron en Argelia, durante una guerra civil en que el gobierno respaldado por los militares se impuso a grupos musulmanes extremistas.
Irak continuó siendo el país más peligroso para la cobertura informativa. La mayoría de los 23 que murieron fueron iraquíes y el comité afirmó que nueve de ellos fueron asesinados.
“El balance convierte a la guerra en Irak en uno de los conflictos más funestos para los periodistas en la historia reciente”, señala el informe.
Acuerdan transacción Sila y EL VOCERO
Por: Obed Betancourt
Redactor EL VOCERO
Noticia salió publicada en: 2/23/2005Caribbean News Corporation, dueño de EL VOCERO, y seis demandantes, entre ellos la ex gobernadora Sila Calderón, transaron ayer por $75,000 un caso por daños y perjuicios en el que los demandantes pedían $2 millones, ante el juez superior José Loubriel.
En un momento determinado, los demandantes llegaron a bajar sus reclamaciones a $300,000. Los Krans y los Calderón pedían un millón de dólares cada uno, y ahora se distribuirán entre los seis $75,000. Los demandantes han dicho que donarán el dinero a causas benéficas.
Los demandantes Calderón y sus hijas Sila Mari y María Elena, además de Adolfo Krans, entonces esposo de Calderón, y las hijas de éste Karushka y Gretchen, demandaron luego que este diario publicara un artículo el 18 de octubre de 2000 sobre la relación entre una mucama dominicana indocumentada y su alegada empleadora Calderón. La empleada doméstica Jennifer Colón aseguró bajo juramento que la ex alcaldesa de San Juan la maltrataba. Colón, de hecho, se reafirmó en sus expresiones en una entrevista televisada con el reportero Luis Guardiola, quien no fue demandado. Calderón y Krans negaron dichas alegaciones. Los demandantes habían anunciado como su perito de periodismo al conocido reportero Tomás Stella, quien sin embargo no rindió un informe pericial. Los demandantes tampoco presentarían a un sicólogo. Por otro lado no se presentaron daños económicos en este litigio con sobre cuatro años de duración.
Luego de publicarse el artículo Colón fue objeto de diversas investigaciones, entre ellas de la Comisión Estatal de Elecciones, la cual descubrió que tenía dos tarjetas electorales. Además, sucedieron una serie de situaciones, entre ellas amenazas de cárcel, que al parecer obligaron a Colón a salir de la jurisdicción de Puerto Rico, desconociéndose su paradero desde entonces. Contrario a lo que varios medios equivocadamente han informado, Colón nunca se retractó de sus declaraciones.
El juicio estaba pautado para comenzar ayer, sin embargo, los abogados de Calderón presentaron un certificado médico que aseguraba la indisponibilidad de la ex alcaldesa debido a una gastritis sufrida el lunes en la madrugada. Esta fue conducida al Hospital Pavía y dada de alta temprano en la mañana. El certificado médico lo firmó la Dra. Susette Rivera McMurray, cuñada del ex candidato del PPD a gobernador José Alfredo Hernández Mayoral.
EL VOCERO había pedido una sentencia sumaria en vista de que estipulaba una serie de hechos, pero aseguraba que no hubo "malicia real" en la publicación del mismo. El Tribunal Supremo (TS) resolvió la controversia este pasado viernes cuando, al haber un empate entre los jueces, se confirmó automáticamente la resolución del Apelativo que negaba la solicitud de EL VOCERO. En la sentencia del TS votaron contra expedir la sentencia sumaria que hubiera favorecido a EL VOCERO las juezas Anabelle Rodríguez y Liana Fiol Matta. Votaron a favor de la sentencia sumaria los jueces Baltasar Corrada del Río y Efraín Rivera. Los jueces Federico Hernández Denton y Jaime Fuster se inhibieron y Francisco Rebollo no intervino.
Aparte del dinero, la estipulación entre las partes proveyó para que el diario publicara una "rectificación" del artículo y las disculpas debido a que "por la seriedad de las imputaciones debió haber realizado una investigación (más) a fondo… en lugar de confiar solamente en el testimonio que ella había prestado bajo juramento". Esta parte de la estipulación es publicada prominentemente en la edición de hoy del diario, bajo el título "Transigen pleito ex gobernadora y EL VOCERO".
EL VOCERO pide disculpas
Por: Redacción EL VOCEROEl día 18 de octubre de 2000, EL VOCERO publicó un artículo cuyo titular de primera plana rezaba: "Vino en yola cuando tenía 13 años. Doméstica relata maltrato de Sila. La amenazan con la inmigración si hablaba". En síntesis, en el artículo se informó que la entonces candidata a la gobernación Sila M. Calderón había mantenido a una menor de origen dominicano, identificada como Jennifer Colón, como su empleada doméstica a pesar de conocer su condición de indocumentada. Al día siguiente de la referida publicación la Sra. Calderón, sus hijas y su entonces esposo, Adolfo Krans, presentaron ante la sala de San Juan del Tribunal Superior una demanda contra el periódico; su director, Gaspar Roca; y el periodista Jorge Luis Medina, alegando que la noticia era totalmente falsa en grave menosprecio por la verdad.
Tras más de cuatro años de intensa litigación, EL VOCERO ha reconocido que debido a la seriedad de las imputaciones que hacía Jennifer Colón, debió haber realizado una investigación a fondo y corroborar con las personas aludidas en lugar de confiar solamente en el testimonio que ella había prestado bajo juramento. Aunque inicialmente EL VOCERO confió en el testimonio de Colón, la empresa reconoce que la Sra. Calderón y los demás demandantes decían la verdad respecto a que esta persona nunca trabajó para ellos. En tales circunstancias, EL VOCERO lamenta la situación creada por el artículo y ofrece sus disculpas a los demandantes, quienes en ánimo de ponerle término a esta controversia, aceptan las disculpas. Ambas partes solicitaron, y el Tribunal lo acogió así, la terminación del pleito sin costas ni honorarios de abogados.
En consideración a lo anterior, EL VOCERO ha accedido a pagar a los demandantes la suma de $75,000, que estos habrán de donar a causas sociales y benéficas.
Admitida la mentira sobre Calderón
Miércoles, 23 de febrero de 2005Por Andrea Martínez
end.amartinez@elnuevodia.comEl periódico El Vocero admitió ayer en corte que eran falsos el artículo y la presunta investigación publicados por ese rotativo en octubre del 2000, en donde una mucama alegaba haber sido objeto de maltrato por parte de la entonces candidata a gobernadora Sila María Calderón.
La admisión está encerrada en una transacción, radicada ayer a las 4 de la tarde en la secretaría del Tribunal de San Juan y que pone fin a la demanda de Calderón y varios familiares contra El Vocero. Incluye una indemnización de $75,000 y una rectificación del mencionado periódico sobre el artículo de la alegada mucama de la ex Gobernadora, que resultó ser falso.
La citada indemnización sería donada a una entidad benéfica. El acuerdo anunciado en sala incluye, además, un artículo en la página 3 de El Vocero y una portada con estipulaciones específicas a ser publicada hoy: un titular que leerá “Transigen pleito ex Gobernadora y El Vocero” en letras rojas y un cintillo que indique: “El Vocero pide disculpas”.
La ex Gobernadora no acudió al Tribunal, debido a que estaba ayer con un episodio de gastritis. Sin embargo, avaló el acuerdo informado al juez José Loubriel Vázquez, juez administrador de Carolina que viajó a San Juan para presidir el juicio.
Se solicitó una reacción a la ex Gobernadora, quien informó a través de su ayudante que ayer no emitiría comentarios.
“Me satisface el acuerdo por el contenido de lo que se va a publicar en el periódico, que ustedes sabrán en su momento”, dijo ayer su ex esposo y también demandante Adolfo Krans.
“Si la noticia salió en primera plana, es justo que salga la rectificación en primera plana. Esa es mi opinión personalísima”, dijo el abogado de El Vocero, Juan R. Marchand Quintero. Mientras, el abogado de la ex Gobernadora, Alvaro Calderón, dijo que era un “precedente” la publicación del artículo en la página 3 del rotativo.
El texto negociado por las partes incluye la aceptación de que el artículo era falso. “El Vocero reconoce que la señora Calderón y los demás demandantes decían la verdad respecto a que esta persona nunca trabajó con los demandantes”, dice el texto radicado ayer. Igualmente, el rotativo acepta que “debió haber realizado una investigación a fondo y corroborar con las personas aludidas en lugar de confiar solamente en el testimonio que ella había prestado bajo juramento”.
Los abogados de los demandantes fueron Alvaro Calderón, Mariemma Dorna Llompart, Carlos Ríos y Angel Tapia Flores. Defendieron a El Vocero Marchand Quintero y Francisco Ortiz Santini.
El juez felicitó a los abogados porque, según dijo, “han demostrado que con diálogo, comunicación y cooperación se pueden resolver los problemas”.
El acuerdo transaccional culmina el reclamo presentado por la entonces Gobernadora, sus hijas María Elena y Sila Mari González, así como su ex esposo Krans, y dos de sus hijas en octubre de 2000. En la demanda pedían que se encontrara como libelosa la publicación del artículo donde la mucama denunciaba malos tratos de parte de Calderón. Este salió publicado el día del primer debate de candidatos a la gobernación en 2000.
La mucama, que usaba los nombres de Jennifer Colón, Cynthia Colón y Edelmira Castillo Lamport, alegó que Calderón la trataba como una esclava. Esta sostuvo que fue contratada a los 13 años, cuando llegó al País de manera ilegal desde República Dominicana y que Calderón y sus hijas la maltrataban. La información fue desmentida por la propia empleada doméstica de Calderón, quien dijo que nunca había visto a Colón y que ella llevaba muchos años laborando para la familia. Después que salió publicado el artículo el 18 de octubre de 2000, se supo que Colón laboró como sirvienta en las casas de Edwin Mundo, Carlos Romero Barceló, Jorge Dávila y Pedro Casiano.
La demanda original contra El Vocero fue por $2 millones. Entre los demandados figuraban el presidente y editor de El Vocero, Gaspar Roca, su hijo Mike Roca y el reportero que escribió los artículos en controversia, Jorge Luis Medina.
Plazo a El Vocero para contestar la moción de Calderón
Viernes, 11 de marzo de 2005
Por Andrea Martínez
end.amartinez@elnuevodia.comEl juez José Loubriel Vázquez ordenó a los abogados del periódico El Vocero contestar en diez días una moción urgente sometida por los abogados de la ex gobernadora Sila María Calderón y sus dos hijas, quienes pidieron que se impongan “severas sanciones” al diario por incumplir con las estipulaciones acordadas el pasado 22 de febrero.
Igualmente, el juez emitió la sentencia avalando la estipulación de la demanda por la publicación falsa de que Calderón mantuvo a una mucama indocumentada a la que maltrataba.
De hecho, el 8 de marzo, día siguiente de la sentencia del juez, el ex esposo de Calderón, Adolfo Krans, y sus hijas radicaron una moción en la que se unen a la moción urgente pidiendo sanciones económicas.
La moción radicada por los abogados de Calderón plantea que el rotativo incumplió el acuerdo al publicar, el mismo día de la rectificación convenida, un artículo que “matiza” el contenido de la disculpa.
Igualmente, plantea como un incumplimiento el que se publicara un editorial posterior a lo acordado, que -indica la moción- es una “violación flagrante, falta el respeto al Tribunal y burla los procedimientos”.
Por tanto, los abogados piden sanciones, cuyo monto no especifican, porque según afirman se violó el acuerdo y por “temeridad”.
La demanda por libelo de la ex gobernadora contra El Vocero, quedó transada el 22 de febrero, luego de que se aceptaran $75,000 como indemnización y una rectificación con letras rojas en portada del artículo que resultó ser falso sobre la alegada mucama de Calderón.
Los $75,000, se dijo, sería donados a una entidad benéfica.
Igualmente, se convino la publicación de un artículo en el interior del diario. El texto negociado por las partes incluía la aceptación de que el artículo publicado en el 2000 era falso.
“El Vocero reconoce que la señora Calderón y los demás demandantes decían la verdad respecto a que esta persona nunca trabajó con los demandantes”, reza el texto. El rotativo también aceptó que debido a la seriedad de las denuncias de la mucama “debió haber realizado una investigación a fondo y corroborar con las personas aludidas en lugar de confiar solamente en el testimonio que ella había prestado bajo juramento”.
En la demanda, radicada en octubre de 2000 y que originalmente era por $2 millones, los reclamantes pedían que se encontrara como libelosa la publicación del citado artículo.
Este salió publicado el día del primer debate de candidatos a la gobernación en el año 2000.
